VILLA ALTAGRACIA, RD.- Villa Altagracia, un municipio de la provincia San Cristóbal, se encuentra en estado de alerta tras la reciente implementación del nuevo peaje en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Residentes, autoridades locales y sindicatos de transporte han expresado su rechazo al incremento tarifario, calificándolo de injusto y perjudicial para la economía de la comunidad
Impacto económico en la población
Con una población estimada de 97,000 habitantes, más del 85% de los profesionales y técnicos de Villa Altagracia se trasladan diariamente a Santo Domingo para trabajar, estudiar o recibir atención médica. El nuevo peaje ha duplicado el costo de RD$100 a RD$200, lo que representa un gasto mensual de aproximadamente RD$1,200 solo en pasajes para quienes viajan seis veces a la semana. Este aumento afecta directamente a los distritos municipales de La Cuchilla, Medina y San José del Puerto, donde operan varios movimientos choferiles .
Demandas de la comunidad
En respuesta al alza, los comunitarios han solicitado al Fideicomiso RD Vial y al Ministerio de Obras Públicas la implementación de un sistema de «Paso Rápido» con tarifas reducidas para los residentes que utilizan frecuentemente la autopista. Argumentan que es injusto pagar la misma tarifa que los vehículos que recorren más de 150 kilómetros desde el Cibao, cuando ellos solo transitan ocho kilómetros.
Protestas y presencia policial
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los habitantes de Villa Altagracia han anunciado protestas pacíficas en el parque municipal. La presencia de agentes policiales en la zona ha aumentado, con operativos que incluyen la incautación de gomas usadas, en previsión de posibles manifestaciones.
Reacciones políticas
El dirigente político Fulgencio Severino ha denunciado el alza del peaje como una medida injusta e ilegal, señalando que incrementará el costo del transporte público y de bienes y servicios, afectando especialmente a las familias de menores ingresos .
A tener en cuenta
La situación en Villa Altagracia refleja la necesidad de políticas públicas que consideren las realidades económicas de las comunidades afectadas por decisiones en infraestructura vial. La implementación de tarifas diferenciadas y sistemas de pago más equitativos podría aliviar la carga financiera de los residentes y evitar mayores tensiones sociales.
