Santo Domingo. – El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas sabe perfectamente que no se puede imponer a ningún estado que restrinja su política de control migratorio, porque el propio estatuto de ese organismo establece que son políticas de dominio reservado a la soberanía de cada estado.
Dijo que el tema con Naciones Unidas es que suelen ser sordas y mudas a la hora de hacer un verdadero ejercicio de solidaridad con Haití.
Sin embargo, destacó que siempre que sea para procurar que la República Dominicana se haga cargo de las secuelas del caos de ese país, entonces suenan “envalentonadas, irrespetuosas y entremetidas” porque, a su entender, están conscientes de que la política de control migratorio es de dominio de todos los estados.
Precisó que las estrategias del organismo internacional y de las grandes potencias quedan desnudas conjuntamente con la crisis haitiana, porque dicen que no intervienen y cuando suelen intervenir lo hacen para estigmatizar las acciones que legalmente toma la República Dominicana.
“Sencillamente están demostrando cuál es su plan: que sea el contribuyente dominicano que pague todos los platos rotos de Haití”, expresó Taveras.
Planteó, además, que no se puede hablar de que el Estado dominicano está obligado frente a ningún ciudadano del universo, salvo a los dominicanos y que cuando un ciudadano de este país va al sistema público de salud de manera ambulatoria es el que cotiza como contribuyente y es el que tiene el derecho de adquirido.
No obstante, afirma que después de la instauración del sistema de seguridad social en el país, todos los cotizantes que van a un hospital también están pagando, o sea, que el sistema público en general está concebido para el servicio a los contribuyentes dominicanos.
Explicó, que eso no exonera que se le brinde el servicio de emergencia en el sistema público a ciudadanos extranjeros. “Por eso nosotros hemos hecho la distinción, por ejemplo: una mujer extranjera embarazada que está en el país de manera ilegal y que se presenta a una consulta ambulatoria, no es obligación del estado dominicano atenderla”, manifestó.
En ese sentido, indicó que no es lo mismo decir que una situación de gravedad de una mujer que esté en labores de parto que se le preste atención, porque ahí sí se tiene un deber porque la emergencia es obligatoria.
Consideró que los ciudadanos que puedan venir al país de manera legal como vienen muchos en turismo de salud y tienen sus seguros, no hay ningún problema en atenderlos.
Explicó, además, que nadie puede dudar que la industria del parto haitiano en la República Dominicana está impulsada por toda una estructura, porque incluso en los hospitales de frontera y de las demás ciudades a veces las parturientas tienen personas esperándolas y en muchos casos traductores.
Agregó que se ha comenzado a recibir información preocupante en el sentido de que existen ONGs que participan en el financiamiento y que obviamente hay sectores médicos también beneficiados con esta práctica ilegal.
