SANTO DOMINGO, RD.- Un grupo de 10 querellantes (siete dominicanos y tres venezolanas) apeló las medidas de coerción que se les impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso Jet Set, a fin de que esas medidas sean reconsideradas.
Los querellantes son: Gregorio Adames, Jenire Mena Martínez (venezolana), Nelson Encarnación Romero, Juliana Vanessa Castillo Vargas (venezolana), Emma Dolores Acevedo (venezolana), Emely Reyes López, Francisco Martínez Mejía, Wilbi Heredia Encarnación, Cristóbal Hilario Moya Eustate y Ana María de Bossu.
La apelación fue sometida a la Corte de Apelación del Distrito Nacional por los abogados Plinio Pina Méndez, Luis Aybar Duvergé e Indhira Oller, representantes legales de los querellantes.
En el documento de apelación, los juristas se oponen a la coerción impuesta sobre los Espaillat, consistente en el pago de 50 millones de pesos cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Dicen que estas medidas, tomadas por la jueza Fátima Scarlette Veloz, no se corresponden con la magnitud de la tragedia, que dejó 236 muertos y unos 180 heridos.
Asimismo, destacan que están dentro del tiempo hábil para hacer la apelación, ya que se trata de un caso complejo, y afirman que dicha coerción pone en riesgo el proceso de investigación del caso.
También, los abogados observan que la magistrada Veloz se contradice al decir, por una parte, que un domicilio y un trabajo no anulan la posibilidad de que los encartados se sustraigan del proceso, y sin embargo, ella no les impuso prisión preventiva, a riesgo de que se pueda manipular la investigación.
En su resolución, la misma magistrada reconoce que también hay que tomar en cuenta la magnitud del hecho investigado, lo que se contradice con la medida adoptada, al no imponer prisión preventiva contra los encartados, como solicitaba el Ministerio Público.
“Y es que la jueza, con esas afirmaciones, no solo se contradice, sino que está obviando su papel real, que es el de verificar la existencia de una cintilla probatoria mínima que pueda vincular a los encartados con un tipo penal, cuya gravedad justifique, en principio, la imposición de una medida de coerción, cual que sea”, indica el documento.
Por: Ling Almánzar.
