Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público concluyó la lectura de la acusación contra los dueños de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, ante el juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franni González, donde narró las actuaciones negligentes que, según la acusación, habrían cometido los imputados.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó que solo las pruebas convencen sobre la verdad de los hechos y aseguró que esas evidencias no darán la razón a la defensa de los imputados. Sostuvo que lo sucedido en la discoteca Jet Set fue producto de “el peso de la negligencia que pudo más que la capacidad de su techo”.
“Este tribunal debe tomar en cuenta que en este caso se perdieron y se lesionaron personas, se destruyeron familias, se cortaron sueños y se truncaron proyectos de vida”, expresó Camacho.
“Yo he dicho en más de una ocasión, y no pretendo dejar de hacerlo ahora, que las víctimas del Jet Set, las que pueden ser representadas por las personas que están aquí, porque los fallecidos no pueden venir a reclamar justicia, no pueden ser reducidas en número a 236 personas.
El dolor de esas personas no se resume en un número de 236, porque esas personas tenían nombres, tenían vidas, tenían sueños, tenían hijos, cuyo futuro, en muchos casos, será simple y llanamente un futuro incierto como consecuencia de la negligencia, la imprudencia y el manejo irresponsable que tuvieron Antonio y Maribel Espaillat de un lugar donde las personas iban confiando en que los responsables de su manejo debían hacerlo de manera correcta”manifesto Camacho en el tribunal
Camacho también se refirió a los niños que quedaron huérfanos como consecuencia de la tragedia.
“Esos niños huérfanos que, por razones legales, tampoco pueden venir aquí; esos niños huérfanos que en su casa preguntan por mamá, preguntan por papá y que no los volverán a ver; esos niños huérfanos que en la Navidad pasada estuvieron sin sus padres y la que viene una vez más estarán sin ellos y tendrán que vivir con el dolor y las consecuencias fácticas que la negligencia de dos personas les ha ocasionado, sin que ellos hicieran absolutamente nada”.
El director de Persecución del Ministerio Público afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso deben conducir a una sentencia condenatoria contra los imputados.
“Cuando este tribunal tenga la oportunidad de viajar por el tren de las pruebas que ha aportado el Ministerio Público, en la última estación de ese recorrido del tren de las pruebas debe haber una única consecuencia de este caso, y debe ser una sentencia condenatoria”.
Camacho agregó que una sentencia condenatoria sería lo que corresponde al sistema de justicia conforme a la legislación dominicana, aunque consideró que esta no sería suficiente para reflejar el dolor de las familias afectadas.
“Pero yo le aseguro algo, magistrado: una sentencia condenatoria es lo único que puede hacer el sistema de justicia en las circunstancias que permite la legislación dominicana con relación a la aplicación de los hechos. Eso no es suficiente.
Esa sentencia será insuficiente porque no va a reflejar el dolor de más de 200 familias que han sido afectadas por este caso y la pérdida de 236 seres queridos que perecieron en ese funesto 8 de abril de 2025”.
“Repito, lo menos que puede hacer el sistema por el dolor de esas familias es dictar, y así esperamos que suceda, una sentencia condenatoria”, expresó Wilson Camacho, quien encabeza la representación del Ministerio Público en el proceso.
Luego siguieron los abogados de los querellantes, quienes se refirieron a sus pretensiones y solicitaron indemnizaciones de RD$100 millones, mientras otros reclamaron cifras iguales o superiores.
Esto ocurrió después de que el juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franni González, rechazara el recurso de oposición interpuesto por el abogado de los imputados contra la decisión que rechazó autorizar la designación de un peritaje técnico y un asesor técnico.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, pese a tener conocimiento de los graves problemas estructurales que afectaban el techo del establecimiento.
Estas fallas, según la acusación, habrían quedado evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas entre empleados del centro nocturno.
La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 y dejó 236 personas fallecidas, además de numerosos heridos y familias afectadas.
