El retiro de oficiales generales de la Policía Nacional para establecer su tope en 20 y la creación de los reglamentos de aplicación de su Ley Orgánica 590-16 son de los principales escollos que ha enfrentado el proceso de reforma de esa institución, iniciado hace ocho años.
La legislación establece que, tras su promulgación, realizada el 15 de julio de 2016 la Policía Nacional tenía un plazo de 24 meses para hacer el retiro gradual de sus oficiales generales y solo dejar a un máximo de 20 en el rango, según dispone su artículo 86.
Vencido ese período para el desmonte, que debía ser hecho por el presidente de la República a más tardar en julio de 2018 la Policía Nacional tenía 40 oficiales generales activos y actualmente hay 42 en el rango.
Consultado recientemente sobre si la reforma integral de la Policía anunciada para iniciar en febrero de este año incluiría el retiro de sus oficiales generales que excedan los 20, el presidente de la República, Luis Abinader dijo que “eso es parte de lo que vendría con la reforma”.
El tema ha sido objeto de amplios debates sobre las causas por las que hasta el momento el poder ejecutivo ha incumplido con la disposición legal, sin embargo, la versión más socorrida indica que el mayor obstáculo es la millonaria suma que implica el pago de pensiones correspondientes que se debe asignar a los que sean puestos en retiro.
De acuerdo a la nómina de diciembre pasado de la Policía Nacional devengan por concepto de salario mensual un millón 827 mil 699 pesos sin incluir especialísimos. Este mes los miembros de la Policía recibirán un 10 por ciento de aumento salarial.
En torno a los reglamentos de aplicación de la Ley Orgánica policial, unos 20 en total se dio un plazo de seis meses para su elaboración, que concluyó en enero de 2017.
Al respecto en los días posteriores a la entrada de la ley se informó que los trabajos de las comisiones que elaborarían las reglamentaciones, a cargo del Consejo Superior Policial, iniciaron el 29 de julio de 2016, sin embargo, varios de ellos aún no se están aplicando debido a que no han pasado los procesos de aprobación por parte del poder ejecutivo y a lo interno de la institución.
Entre los principales aspectos que deben estar normados por reglamentos están los referentes a la disciplina y la asignación y conservación de las armas letales y no letales, entre otros.
Los cambios con los que se llegó a la promulgación de la actual ley que rige la Policía Nacional inicio el 23 de noviembre de 2012 cuando el entonces presidente de la República, Danilo Medina creó la Comisión para la Reforma Policial mediante el decreto 650-12 presidida por el entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
La integraban los ministros de Interior y Policía, José Ramón Fadul, de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo y de programas de seguridad ciudadana (sin cartera), Franklin Almeyda Rancier, así como el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito y el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez.
El principal propósito con el que la comisión inicio sus trabajos fue formular normativas propuestas normativas, reglamentarias y administrativas para reformar la institución y modernizarla.
A principios de semana el presidente, Luis Abinader reiteró que se realizan los aprestos para a mediados del mes de febrero de este año anunciar una nueva reforma policial con miras a convertir ese cuerpo en el más moderno y tecnificado de la región.
