SANTO DOMINGO.- El numerólogo Cristian Casablanca, sale a relucir entre los que supuestamente fueron beneficiados con la eliminación de antecedentes penales en la denominada operación Gavilán.
Lenín Solano, uno de los abogados de la defensa manifestó que a Adrián Salcedo, nombre de pila de Casablanca, en las próximas horas el Ministerio Público (MP), le solicitará impedimento de salida contra el «maestro de los números».
«No puedo explicarlo en detalle, porque es una investigación en proceso, pero el nombre salió a relucir en el caso», explicó el togado.
En este momento el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, continúa el conocimiento de medidas de coerción contra los 12 imputados de una supuesta red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Cabe mencionar que hoy está representando al MP, Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución en la audiencia que lleva más de 6 horas a puerta cerrada.
El órgano persecutor informó que mediante peritajes técnicos, se determinó que fueron 16 mil 958 las personas que se les eliminó «fichas» a cambio de sobornos por parte de los encartados.
En el juicio de hoy se informó que algunos de los imputados continúan negociando con el MP, para reducir su posible condena.
Los imputados son Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Asimismo, los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Anthony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La calificación jurídica del caso es asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
