SANTO DOMINGO.- La apelación que someta la diputada Rosa Amalia Pilarte a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos en contra del Estado, a partir del 19 de junio, cuando está programado que se lea el fallo, colocará a la justicia en un proceso “inédito”, afirma el exjuez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Juan Hirohito Reyes Cruz.
Explicó que al momento de ser recurrida la decisión de la Segunda Sala Penal de la SCJ lo más probable es que la legisladora ya no tendrá la jurisdicción “privilegiada” y que se estaría en la disyuntiva de cuál es la que le competerá porque “es una situación no pensada en el Derecho ni prevista de manera expresa y concreta por la ley”.
Su respuesta obedece a que, al concluir su periodo como diputada el 16 de agosto, ya el caso de Pilarte no sería competencia de la SCJ, pero “sería una contradicción” que el Pleno de esa alta corte decida declinar a una jurisdicción ordinaria, que sería la Corte de Apelación, para conocer un recurso a una sentencia condenatoria de un tribunal de alzada de jueces
“Ahora qué sucede con el asunto de la jurisdicción privilegiada y el concepto que se maneja es lo relativo al juez natural, el juez natural es que a ti te juzgue el tribunal que la ley prevé para que conozca el proceso”.
Se preguntó cómo es que una corte de apelación va a conocer un recurso de apelación de una sentencia de la Sala Penal de la SCJ. “Eso sería una contradicción”, dice Reyes Cruz. Entiende que “el caso es inédito porque ¿cuál es el propósito del recurso de apelación? Que unos jueces más experimentados y jerárquicamente superiores conozcan el recurso”.
Citó que el único precedente que hay ha sido el reenvío del juez de la SCJ Francisco Ortega a una jurisdicción ordinaria del expediente del exsenador Tommy Galán, acusado en el caso de los sobornos de Odebrecht, cuando este perdió la senaduría, pero que son decisiones diferente porque la del 2020 sobre el exlegislador de San Cristóbal fue una de jurisdicción de apoderamiento y la otra, la de Pilarte, corresponde a una que se pronuncia sobre la culpabilidad, después de ella ser hallada culpable.
En el mismo sentido se expresa el abogado Robinson Reyes, quien considera que el proceso a la legisladora “crea un problema para el cual no hay jurisprudencia”.
Sostiene que hay un “vacío procesal” en esta situación y “un precedente extraño” que la apelación la conozca la Corte de Apelación a una decisión emanada por jueces jerárquicamente superiores. Recuerda que convendría a la diputada que su expediente sea ventilado por la jurisdicción ordinaria porque tendría el derecho a casación, que, de continuar en la SCJ, ya no lo tendría.
“Los abogados tienen que sentarse a pensar e incluso buscar jurisprudencias internacionales de situaciones similares”, entiende Robinson Reyes.
Otro togado, José Alberto Ortiz, afirma que a partir del 17 de agosto “ya la jurisdicción privilegiada no puede conocer nada” de Pilarte y que la “Segunda Sala de la SCJ actuó como tribunal de primer grado” en la acusación que le hizo el Ministerio Público (MP) de lavado de activos. El MP la imputó de “blanquear” más de 4,000 millones de pesos. La condenó a cinco años y al decomiso de 13 bienes inmuebles.
