Santo Domingo, RD.- En medio de la Operación Camaleón, en la que el Ministerio Público acusa a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), junto a otros seis implicados, de corrupción, lavado de activos y sabotaje, la investigación revela un desvío de fondos relacionado con el proyecto de modernización de la red semafórica de Santo Domingo.
Según la orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Beras y su equipo gestionaron un contrato con la empresa Transcore Latam, que incrementó de manera injustificada el presupuesto del proyecto de RD$104 millones a RD$1,200 millones, un aumento del 1,053%.
Este contrato fue originalmente presentado en el Plan Operativo Anual (POA) de 2023, pero no contaba con la asignación de fondos necesaria para llevar a cabo el proyecto, puesto que El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) estimó RD$ 808,811,058.24 para las compras totales del año, incluyendo RD$ 413,536,800.20 destinados a licitaciones públicas.
A pesar de la falta de fondos asignados, en enero de 2023, Hugo Beras, junto con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) formaron una asociación criminal para desviar recursos destinados a la modernización del sistema de semáforos.
Esta coalición permitió manipular el presupuesto y las licitaciones, elevando el costo del proyecto de RD$104 millones a RD$1,200 millones, sin justificación técnica o financiera, según las investigaciones.
La investigación también señala que la Dirección de Planificación y Desarrollo, bajo la dirección de Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann y contando con la aprobación de Beras, manipuló los términos de la licitación para favorecer a Transcore Latam.
Asimismo, el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant aprobó la licitación en febrero de 2023, delegando la coordinación técnica a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, esta decisión comprometió la imparcialidad del proceso, ya que Baquero había sido quien inicialmente solicitó el procedimiento.
El aumento del presupuesto, la manipulación del proceso de licitación y el desvío de fondos son los puntos centrales de la acusación que mantiene detenidos a los involucrados mientras se sigue el proceso judicial.
