La jueza tomó la decisión al acoger una revisión de la medida de coerción presentada por la barra de la defensa, que consideró que su cliente no representa peligro de fuga.
SANTO DOMINGO, RD.- La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional quitó el arresto domiciliario que pesa en contra del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, imputado en el caso Coral 5G.
El tribunal, presidido por la magistrada Gissell Méndez, dispuso que el imputado pague una garantía económica de tres millones de pesos y le quitó el impedimento de salida que también pesaba en su contra.
La jueza tomó la decisión al acoger una revisión de la medida de coerción presentada por la barra de la defensa, quien consideró que su cliente no representa peligro de fuga.
Torres Robiou guardaba prisión preventiva, dictada en su contra por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, pero otro tribunal revocó la prisión e impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Torres Robiou fue separado de las filas del Cestur, tras siete años dirigiendo esa institución cuando fue salpicado por la Operación Coral.
En el caso se encuentran involucrados, además, el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD); el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada; el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz.
El coronel Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, el mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón, Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
En el caso Coral también figuran como acusados el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Según el ministerio público, la red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les han ocupado hasta el momento más de 100 propiedades.
