SANTO DOMINGO, RD.- República Dominicana será el primer país donde Estados Unidos pondrá en marcha un programa piloto que permitirá exigir fianzas a determinados solicitantes de residencia permanente considerados con riesgo de convertirse en una carga pública, una medida que será aplicada por funcionarios consulares durante el proceso de evaluación de visas de inmigrante.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente vinculada al tema.
La iniciativa, anunciada el pasado 5 de agosto, comenzará a aplicarse en la República Dominicana, convirtiendo al país en el primero donde se implementará este mecanismo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el programa piloto, denominado Public Charge Bond, que permitirá a los funcionarios consulares exigir una garantía económica a aquellos solicitantes de visas de inmigrante que sean declarados inadmisibles por la causal de carga pública.
Según la fuente, la medida no aplicará a todos los inmigrantes dominicanos, sino únicamente a un grupo específico de solicitantes de visas de inmigrante que, durante su evaluación consular, sean considerados con riesgo de convertirse en una carga pública en Estados Unidos.
De acuerdo con el anuncio oficial, será el funcionario consular quien determine, caso por caso, si corresponde exigir la fianza.
Posteriormente, el trámite deberá completarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo encargado de aceptar la garantía.
El monto de la fianza no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, algunos medios estadounidenses aseguran que podría ascender a US$100,000 e incluso US$250,000, dependiendo del nivel de riesgo evaluado en cada caso.
No afecta visas ya emitidas
En su comunicado publicado el jueves, el Departamento de Estado aclaró que el programa no afecta las visas de inmigrante que ya fueron emitidas, las cuales continúan siendo válidas.
Asimismo, la nueva política no constituye un requisito general para todos los solicitantes de visas de inmigrante, ya que solo podrá aplicarse cuando el funcionario consular determine que existe la posibilidad de que la persona se convierta en una carga pública.
