SAN JUAN, PR.- La comunidad dominicana en Puerto Rico denunció ayer la xenofobia que ha sufrido Jenny de la Cruz Báez en el proceso de recuperar a sus hijos, luego que el Tribunal de Apelaciones determinó que el juez Eric Ruiz Pérez, quien atendió el caso en primera instancia, abusó de su discreción.
La sentencia, cuya juez ponente fue Olga Birriel Cardona, también ordenó la remoción de los menores, que estaban bajo la custodia de su padre, Marcos Cordero González, para que pasen a la tutela del Departamento de la Familia mientras se dilucida el caso.
“Entiendo que el mismo lunes (mañana) debe salir una orden del juez al Departamento de la Familia para que asuma la custodia inmediata de los menores. (…) Los jueces del foro apelativo tienen mucha discreción porque no han visto toda la prueba, pero si se cumplen unos requisitos, ellos pueden intervenir”, dijo la abogada de De la Cruz Báez, Lizbelle Andino.
Romelinda Grullón, del Centro de la Mujer Dominicana, y José Rodríguez, representante de la comunidad dominicana y defensor de derechos humanos, coincidieron en que De la Cruz Báez, quien lleva un caso de enajenación parental contra su expareja, ha recibido un trato diferente y muy revictimizante durante su trayecto por el sistema de justicia.
“Es lamentable que muchos de los casos tengan que salir a la luz pública para que tomen acción, como el de Jenny, y si esa es la norma que va a imperar, estamos frente a un sistema bien cuestionable. No es justo que las mujeres reciban este trato del sistema ni la revictimización, que en el caso de las inmigrantes es mucho más”, sostuvo Grullón.
«Él planificó todo lo que le está sucediendo a ella. Ya le había hecho lo mismo a su anterior pareja. Todo lo que le ha hecho por ser negra, inmigrante y de escasos recursos. Los tribunales han ido en contra de esta joven, y él ha usado el sistema”, denunció, por su parte, Rodríguez.
El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla declaró, en septiembre de 2021, “no ha lugar” a la solicitud de los abogados de De la Cruz Báez de reconsideración de remover a los dos hijos de casa de su padre y ubicarlos provisionalmente bajo la custodia del Departamento de la Familia.
“Pasó por alto un hecho que no debió pasar por alto. En este caso, entiendo que paso por alto la recomendación de la trabajadora social sobre remover a los menores”, dijo el licenciado Omar Moret, también abogado de la madre dominicana.
La trabajadora social del tribunal, Janice Babá Rivera, recomendó el 23 de agosto del 2021 -después de esperar más de un año para acceder al expediente de Cordero González en Florida- que los menores fueran ubicados bajo la custodia del Departamento de la Familia.
“El Estado debe basar su decisión en el asesoramiento social que se desprende de las investigaciones y evaluaciones periciales ofrecidas por las unidades sociales de familia. (…) La decisión adecuada e informada es esencial para proteger a los menores y evitar así el sufrimiento y daño emocional y psicológico”, lee la sentencia.
La coordinadora de servicios del Centro de la Mujer Dominicana, Noelia Delgado, fue quien primero ofreció servicios de acompañamiento y evaluación de maltrato a De la Cruz Báez.
“Ella estaba bien atemorizada, ella desconocía cuáles eran sus derechos, desconocía cómo procedían los tribunales en Puerto Rico. Identificamos que había unas irregularidades en el manejo del caso y en el proceso también, pues la canalizamos para que ella pudiera recibir servicios psicológicos por las secuelas emocionales del maltrato al que fue expuesta y pudimos identificar”, detalló Delgado sobre los resultados de su intervención con De la Cruz Báez en el 2020.
Puntualizó que la mujer dominicana había sido expuesta a “un patrón de violencia doméstica, que había vivido manifestaciones de violencia física, violencia emocional, destrucción de la libertad, muchas amenazas precisamente con quitarle los niños, amenaza con hacer que la deportaran”.
Delgado compartió que, a lo largo del seguimiento, De la Cruz Báez ha demostrado preocupación genuina por sus hijos y compromiso para recuperarlos. “Ha mostrado responsabilidad y ha aprendido que ella sí tiene derechos. Yo la veo con coherencia, la veo consistente con su relato en estos momentos”, dijo.
Insistió en que los casos de mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica están mucho más vulnerables que el resto de la población. La falta de recursos, la centralización de las ayudas en la zona metropolitana, la falta de educación sobre los procesos civiles y criminales en los tribunales, entre otros factores, impactan su acceso a la justicia.
Fuente: EL NUEVO DIA
