Santo Domingo.- Mientras era conducido al tribunal que le conocerá medida de coerción, el abogado Jhonny Portorreal mandó «a trabajar» a las personas que supuestamente estafó y son querellantes en el proceso, quienes le estaban vociferando cosas.
Portorreal, acusado de estafar por más de 16 millones de pesos a cientos de personas de apellido Rosario con la promesa de gestionar una herencia millonaria en el extranjero, se mostró calmado y sonriente.
Contra el abogado, arrestado el pasado miércoles, tras durar un año prófugo de las autoridades, el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva.
Mientras era conducido al tribunal que le conocerá medida de coerción, el abogado Jhonny Portorreal mandó «a trabajar» a las personas que supuestamente estafó y son querellantes en el proceso, quienes le estaban vociferando cosas.
Portorreal, acusado de estafar por más de 16 millones de pesos a cientos de personas de apellido Rosario con la promesa de gestionar una herencia millonaria en el extranjero, se mostró calmado y sonriente.
Contra el abogado, arrestado el pasado miércoles, tras durar un año prófugo de las autoridades, el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva.
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Ayer, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que, por el momento, a Portorreal se le está procesando por estafa y la ley de armas.
En cuanto a la acusación, indicó que cuentan con un expediente sustentando en cientos de pruebas y con 283 víctimas.
Según el Ministerio Público el jurista, junto a otras tres personas que fueron sometidas el año pasado, engañaron a las 283 personas de apellido Rosario con la promesa de gestionar una supuesta herencia millonaria en el extranjero.
De acuerdo a la Fiscalía del Distrito Nacional, Portorreal utilizó como método de estafa cobrar a estas personas sumas que van desde los 30 a los 40 mil pesos por los supuestos gastos legales y de representación para hacer las diligencias para el supuesto cobro del falso patrimonio.
Dicen que Portorreal, junto a Miguelina Gómez Santana, Hilario Amparo y Miguel de Óleo Montero aseguraban a las víctimas que por pertenecer a la “Familia Rosario” eran herederos de los terrenos valiosos donde opera una empresa minera y de parte de una supuesta suma millonaria en una entidad bancaria en el extranjero.
Por el caso, Miguelina Gómez Santana cumple, desde junio del año pasado, impedimento de salida del país y uso de grillete electrónico. A la imputada también se le impuso esa vez una garantía económica de un millón de pesos.
A Miguel de Oleo Montero, alias Miguelón, un tribunal le impuesto para esa misma fecha prisión domiciliaria, mientras que a Hilario Amparo se le concedió la libertad.
