Santo Domingo, RD (EFE).- El Ministerio Público consideró la prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada para aplicar en el caso del exdirector del Senasa Santiago Marcelo Hazim Albainy y otros acusados en el entramado de corrupción que se benefició de ese organismo, en perjuicio de una entidad que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, en especial a los de los estratos socioeconómicos más bajos de la población.
«Ahora deben pagar por sus atrocidades, a esas personas les estamos solicitando que se le imponga prisión preventiva, que entendemos es la medida de coerción adecuada para este proceso», sostuvo la madrugada de este sábado el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Explicó, a través de una nota de su oficina, que el órgano persecutor concluyó con la lectura de la solicitud de medida de coerción a los arrestados en la Operación Cobra, en la cual solicita prisión preventiva para Hazim Albainy y otros de los involucrados en el entramado que afectó la administradora de riesgos de salud (ARS) «perteneciente a todos los dominicanos».
HAZIM LIDERO EL ENTRAMADO DE CORRUPCION
Recordó que el entramado que desfalcó al Senasa con más de 15 mil millones de pesos, estuvo liderado por Santiago Hazim.
Camacho encabezó, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al equipo que representó en la audiencia al Ministerio Público, integrado además por los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
Pasada la 1:00 de la madrugada, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
TRES DE LOS IMPUTADOS ADMITIERON LOE HECHOS
«Terminamos de presentar la solicitud de medida de coerción en el día de hoy, incluyendo las réplicas del Ministerio Público», dijo Camacho.
Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, afirmó. Para estos el Ministerio Público varió la medida de coerción de prisión preventiva por impedimento de salida del país, presentación periódica y un localizador personal electrónico.
El Ministerio Público solicita para los otros siete acusados 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja por la pluralidad de víctimas, destacando que se trata de una ARS que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos. EFE
