Santo Domingo, RD. - Un tribunal de Barahona condenó a cuatro personas, incluido un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), a penas de 6 y 3 años de prisión, tras admitir su participación en una red de falsificación de documentos públicos y privados, como pasaportes, cédulas, actas de nacimiento, carnets de la DNCD, DNI y del Ejército.
Los implicados cobraban entre RD$70 mil y RD$100 mil por cada documento alterado, operando desde Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La jueza Fátima Cruz Estrella impuso las condenas bajo un procedimiento penal abreviado, tras aceptar la admisión de culpabilidad y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Los condenados Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos recibieron penas de 6 años, con suspensión condicional de los últimos cinco, a cumplir en el CCR Baní Mujeres y el CPL de Barahona, respectivamente.
Asimismo, Yonel Raphael y el empleado de la JCE, Andys Hernández Rivera, fueron sentenciados a 3 años de prisión, con suspensión de los últimos dos y dos meses en el caso de Hernández, quien también deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Entre las condiciones impuestas están: residir en su domicilio procesal, abstenerse del uso excesivo de alcohol, no portar armas, mantener buena conducta y someterse al control del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
Durante la investigación, se incautaron equipos electrónicos que fueron decomisados a favor del Estado dominicano. El grupo falsificaba además licencias de conducir, permisos de porte de armas, títulos universitarios, y visas de países como Estados Unidos, Canadá, Haití, Chile, Bahamas y Holanda, otorgando identidades falsas a nacionales haitianos y dominicanos.
La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de Barahona y de la Unidad de Investigación contra el Registro Civil y la Cédula de la JCE, representados por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dicrim y la Consultoría Jurídica de la JCE.
Los hechos están tipificados como asociación de malhechores, falsedad de documentos públicos y privados, y lavado de activos, sancionados por el Código Penal, la Ley 172-13, la Ley 53-07 y la Ley 4-23 sobre actos del estado civil.
El caso inició en enero del año pasado, cuando fueron arrestados varios extranjeros en Barahona con documentos falsos. A partir de ahí, se identificó una estructura liderada por Pablo Selmo De La Cruz —quien cumple prisión preventiva— junto a Yonel Raphael y Modesto Alcántara, este último testigo clave, quienes operaban con De los Santos, Amparo Peña y el empleado de la JCE, Andys Hernández.
La red mantenía laboratorios de falsificación y operaba desde hace más de un año, según detalló el equipo de inteligencia desplegado en distintas zonas del sur y el Gran Santo Domingo.
