Santo Domingo, RD (EFE).- La denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, archivada en su país por «falta de jurisdicción», podría ser aceptada en los tribunales dominicanos, según coincidieron abogados en declaraciones a EFE.
Los supuestos hechos habrían ocurrido en el país caribeño, en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
LO QUE ALEGÓ LA FISCALIA DE ESPAÑA
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige.
Entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
«La jurisdicción competente es República Dominicana donde supuestamente se cometieron los hechos», sostuvo el abogado Simón, quien calificó de «correcta» la decisión adoptada por la Fiscalía española en ese sentido.
DENUNCIANTES: EXEMPLEADA DOMESTICA Y UNA FISIOTERAPEUTA
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
