Santo Domingo, RD. – Melitón Cordero, supervisor de la oficina en República Dominicana de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), podría enfrentar cargos federales de conspiración para cometer soborno y fraude de visas, que podrían derivar en una pena máxima combinada de hasta 15 años de prisión, según la ley federal de Estados Unidos.
Según la acusación del Departamento de Justicia, durante sus seis años de servicio en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a extranjeros a obtener visas de no inmigrante. Además, habría tramitado al menos 119 solicitudes de visa, una de las cuales habría sido considerada fraudulenta.
Asimismo, de acuerdo con casos documentados, el agente especial habría entregado un pasaporte y una visa a un ciudadano extranjero para poder viajar a la nación norteamericana a cambio de dinero.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.
En el marco legal de los Estados Unidos también está establecida la prohibición en la falsificación, alteración o confección fraudulenta de ciertos documentos de inmigración, así como su uso, posesión o recepción.
La fiscal federal Jeanine Pirro y el administrador de la DEA, Terrance Cole, destacaron que las presuntas acciones de Cordero, quien fue arrestado el jueves en Washington D.C, son inaceptables y no reflejan el profesionalismo de la institución.
"Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.
Tras el cierre temporal de las oficinas de la DEA en República Dominicana, ordenado por la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, la entidad empezó un proceso de reubicación y reorganización de su personal, como parte de la revisión interna ante las denuncias de presunta mala conducta, que actualmente permanecen bajo investigación.
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