SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia contemporánea: la migración irregular de ciudadanos haitianos. Lo que comenzó como un flujo humano por necesidad, hoy se ha convertido en un fenómeno que impacta directamente en la soberanía nacional, la salud pública, la educación y la convivencia social.
Las cifras son contundentes. Entre el 32% y el 40% de los partos en hospitales públicos corresponden a madres haitianas. Solo en 2024 se registraron 29,710 partos de haitianas, equivalentes al 35.7% de los nacimientos en hospitales públicos. El gasto anual estimado supera los RD$1,000 millones en salud, y en los últimos cinco años se han invertido alrededor de RD$10,000 millones en asistencia a parturientas haitianas. En educación, miles de niños haitianos ingresan cada año al sistema escolar público, generando sobrecarga en aulas, costos adicionales en infraestructura y barreras lingüísticas que complican la integración.
La frontera dominico-haitiana, porosa y difícil de controlar, pone en tensión la capacidad del Estado para ejercer su autoridad territorial. La migración irregular alimenta percepciones de inseguridad y competencia desleal en el mercado laboral, generando un caldo de cultivo para la xenofobia y la discriminación. La convivencia social se resiente y la cohesión nacional se debilita.
A este panorama se suma un elemento preocupante: la migración irregular se ha convertido en un negocio factible para ONGs y organizaciones prohaitianas, que reciben fondos internacionales y utilizan la situación para llevar el tema a foros y cortes internacionales. En muchos casos, estas narrativas terminan denigrando al pueblo dominicano, presentándolo como opresor, mientras se invisibiliza el impacto real que la migración descontrolada tiene sobre los recursos nacionales y la convivencia social.
La República Dominicana necesita una reforma migratoria integral, que supere la visión meramente defensiva y apueste por un modelo más humano, transparente y sostenible. Defender la soberanía es legítimo, pero también lo es garantizar el respeto a los derechos humanos. El verdadero reto está en evitar que intereses externos conviertan la crisis en un negocio a costa de la nación, y en construir una política migratoria que proteja a los dominicanos sin dejar de lado la dignidad de quienes buscan un futuro mejor.
Por Genofóntes Urbáez – Minuto Cero RD
