SANTO DOMINGO, RD .-“Repatriar y cumplir la ley: el desafío dominicano frente a la migración irregular”
Cada día, cientos de ciudadanos haitianos son repatriados desde la República Dominicana hacia su país de origen. Este proceso, que debería ser un mecanismo de orden y soberanía, se ha convertido en un reflejo de la crisis migratoria que enfrenta la nación.
La Constitución dominicana establece con claridad que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, excepto los hijos de extranjeros en tránsito o en condición ilegal. La Constitución haitiana, por su parte, reconoce como haitianos a los nacidos en su suelo y a los hijos de haitianos en el extranjero, siempre que sean registrados en oficinas consulares. Esto significa que muchos hijos de haitianos indocumentados nacidos en República Dominicana son, en términos legales, ciudadanos haitianos.
El desafío dominicano no se limita a la definición de ciudadanía. La migración irregular impacta directamente en sectores clave: hospitales, escuelas, turismo, construcción y cuerpos castrenses. La presión sobre los servicios públicos y la convivencia social es evidente, mientras organismos internacionales cuestionan las políticas de repatriación.
A esto se suma el incumplimiento de la ley laboral 80/20, establecida en el Artículo 135 del Código de Trabajo, que ordena que al menos el 80% de los empleados en una empresa sean dominicanos y solo un 20% extranjeros. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. Hoy vemos extranjeros no solo en la construcción y el turismo, sino también en las Fuerzas Armadas, la seguridad privada, los resorts, las cocinas, en la misma frontera y hasta como agentes de migración. Esta realidad contradice nuestra carta magna y debilita la soberanía laboral del país.
La situación se complica aún más por las diferencias culturales y religiosas. En República Dominicana predomina el catolicismo y las iglesias evangélicas, mientras que en Haití, además del catolicismo y el protestantismo, el vodú es una práctica profundamente arraigada y reconocida como parte de su identidad cultural. Estas diferencias influyen en la convivencia y en la percepción mutua, haciendo más complejo el panorama migratorio.
Mientras Haití aplica sus leyes migratorias con firmeza, devolviendo de inmediato a quienes entran sin documentos, en República Dominicana muchas veces parece que “tiembla la mano” al aplicar la ley. ¿La razón? Una mezcla de presiones internacionales, agendas globales que buscan trasladar la crisis haitiana a suelo dominicano, y un negocio paralelo que involucra a algunos militares, ONGs e incluso organismos internacionales que han convertido la migración en fuente de beneficios. Lo que debería ser un proceso de orden y justicia se transforma en un mercado oscuro que erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la crisis.
La República Dominicana enfrenta, por tanto, un reto estructural: hacer cumplir sus propias leyes. Repatriar no es solo un acto administrativo, es una medida que pone en juego la soberanía, la interpretación constitucional de la ciudadanía y la defensa del mercado laboral nacional. Sin sanciones efectivas y sin control real, la norma se convierte en letra muerta.
La solución pasa por una política migratoria integral que combine control fronterizo, respeto a los derechos humanos y cooperación internacional, pero también por la voluntad firme de aplicar las leyes que ya existen. El país no puede darse el lujo de ignorar su propia legislación mientras la presión migratoria crece, los repatriados se cuentan por cientos cada día y las diferencias culturales, religiosas y políticas se convierten en terreno fértil para agendas externas y negocios internos.
Genofóntes Urbáez – Minuto Cero RD
