Cuando se produjo la invasión norteamericana de 1916, se encontraba vigente entre nosotros la Constitución de 1908, cuyo artículo 7 señalaba los requisitos exigidos para adquirir la nacionalidad dominicana. Uno de ellos era que podía ser obtenida por cualquier persona nacida en el territorio, “sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, exceptuando los hijos legítimos de extranjeros que residan en la República en representación diplomática, o que estén en transito en ella”. Este texto señalaba expresamente que los extranjeros en transito, al igual que los hijos de diplomáticos, no adquirían la nacionalidad por el hecho de nacer en suelo dominicano.
Al momento de producirse la desocupación en 1924, los norteamericanos dejaron huellas en la Carta Sustantiva proclamada ese año al tratar de flexibilizar los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. En el artículo 8 de la Ley Fundamental de ese mismo año se consignó que podrían adquiría los que nacieren en el territorio de la República de padres extranjeros, si dentro del año de alcanzar la mayoría de edad manifestaren su deseo de no ser dominicanos y prueben haber conservado la nacionalidad de sus padres. Se trató de una generosa apertura que se explica por la mano de obra que se necesitaba para la industria azucarera. Asimismo, se consagró que “los nacidos en el territorio de la República de padres desconocidos o nacionalidad desconocida” serían considerados dominicanos.
Al redactarse de esta manera el texto constitucional se abrió una brecha considerable para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Ahora bien, una vez electo Horacio Vásquez en 1924 como presidente de la República, en su afán de reelegirse y obtener el apoyo norteamericano, envió al Congreso en junio de 1929 un proyecto de modificación constitucional en el que se estableció que para adquirir la nacionalidad era suficiente haber nacido en el territorio dominicano, aunque fuere hijo de un extranjero, siempre que el padre haya nacido en la República, al margen del estatus de legalidad o ilegalidad de sus progenitores. Igualmente era suficiente haber nacido en el territorio dominicano, sin importar que los padres fuesen desconocidos o de nacionalidad desconocida. Obviamente que era un documento ajustado a las necesidades de la economía en aquella época.
Ese proyecto de modificación constitucional enviado por el presidente Vásquez no fue acogido tal y como se presentó, aprobándose una redacción distinta que guarda similitud con el texto constitucional de 1908. A partir de ese momento el concepto de extranjero en transito es constante en las sucesivas reformas constitucionales. Fue como consecuencia de la voluntad de las autoridades norteamericanas que se inició un proceso de acomodamiento con el tema de la nacionalidad. Con excepción de la dictadura de 31 años, que contuvo los intentos de volcar el excedente de mano de obra agrícola que garantizaba Trujillo, todos los gobernantes han sido tibios frente a un problema que ya se ha salido de control.
Pues bien, entrado el año de 1994 y con ocasión de los cuestionados comicios de entonces, los Estados Unidos obligaron al expresidente Balaguer a adelantar las elecciones en 1996, resultando electo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la causa real por la cual se adelantaron las elecciones no fueron las impugnaciones y alegatos de fraude esgrimidos en 1994, sino la firme oposición del anciano mandatario que se negó a la instalación de 18 campamentos para refugiados haitianos en territorio dominicano. El doctor Balaguer, consciente del juicio de la historia, asumió una decisión patriótica en ese decisivo instante de nuestra historia para cerrar con decoro su ciclo político.
Así las cosas, los Estados Unidos presionaron entre 2005 y 2009 para combatir el supuesto carácter racista de las causales para adquirir la nacionalidad dominicana que datan desde 1929. Pretendían que asumiéramos una Constitución similar a la que nos impusieron en 1924, que asimilaba como dominicanos a los hijos de padres desconocidos o de nacionalidad desconocida (en realidad indocumentados). Este esfuerzo no es otra cosa que un intento por unificar las poblaciones de ambos pueblos, cumpliendo la Resolución No. 51 de la ONU, cuyos expertos recomendaron en 1947 alentar “la migración masiva de familias campesinas haitianas hacia otras islas del Caribe”.
De manera, pues, al enviarse un proyecto de reforma constitucional, alegadamente consensuado entre los líderes políticos de aquel momento, se sometió en el 2010 un proyecto cuyo artículo 16 reconocía como dominicanos a “los nacidos en territorio nacional de padres desconocidos o apátridas”, así como también a los “nacidos en el territorio nacional de padres extranjeros si la legislación de su país de origen no les atribuye ninguna nacionalidad” (nacionales haitianos indocumentados). Más claramente, el proyecto de modificación enviado en el 2010, al menos en cuanto a los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana, es prácticamente igual a la Carta Sustantiva que se nos impuso a raíz de la desocupación las tropas norteamericanas de 1924. En ambos casos, a una distancia de 86 años, la intención es inequívoca en el sentido de que debemos asimilar la mayor cantidad de nacionales haitianos como sea posible. Pero esa eventualidad se agotó hace tiempo y ese excesivo flujo migratorio desborda la capacidad del pueblo dominicano.
Afortunadamente el Congreso modificó en el 2010 el artículo referente a la nacionalidad que le fuera enviado y le confirió la redacción actual, la cual es similar a la Constitución de junio de 1929. En otras palabras, el Congreso merece un reconocimiento en el sentido de rechazar la propuesta antinacional que, sobre este tema, le fuera enviada tanto en el 1929 como en 2010. En ambos casos se colocó por encima de mayorías políticas coyunturales, conveniencias circunstanciales, asumiendo así un sentido patriótico que deja claro que la esperanza no puede perderse en un pueblo en el que subyace una fibra patriótica digna de encomio.
En consecuencia, gracias a la posición asumida por el Congreso en ambas ocasiones, la facilidad que se ha pretendido para el otorgamiento de la nacionalidad ha encontrado límites. De ahí el interés de imponernos una norma elaborada en Washington como la Ley No. 169/14, para buscar una solución alternativa, por la vía legal, que no se pudo alcanzar mediante una modificación constitucional como se intentó originalmente. Las propuestas de crear una unión económica-monetaria, contenidas en un informe del Banco Mundial titulada “Hasta que la geografía nos separe. Prolegómenos de una unión económica y monetaria entre la República Dominicana y Haití”, son harto elocuentes sobre el interés de que ambos países adopten una política común de comercio externo. El propio economista que lo redactó, Pinto Moreira, admitió como una desventaja la pérdida de independencia en la política monetaria.
Se observa, pues, que son múltiples los intentos realizados por fomentar una unión entre dos pueblos diametralmente distintos. Asimismo, llama la atención unas declaraciones del expresidente, Joaquín Balaguer, aparecidas en el periódico Hoy, del 17 de agosto de 1994, en las que denunció planes internacionales para unificar ambos países. Citó como ejemplo una cláusula en uno de los contratos de renegociación de la deuda externa con la banca privada en la que se hacía constar que las condiciones serían invariables en el supuesto de que la República Dominicana decidiera fusionarse con Haití. Contemplar tal posibilidad en la renegociación de un contrato sobre la deuda externa, mecanismo que ha servido de ariete para demoler las murallas de nuestra nacionalidad, constituye una infamia que jamás podría ser aceptada bajo ninguna circunstancia. Desafortunadamente la ausencia de virtud en no pocos de nuestros gobernantes ha acentuado esta dolorosa situación por la que atravesamos.
El astronómico endeudamiento externo, sumado al fenómeno de una corrupción generalizada, así como la ausencia de institucionalidad, han debilitado los mecanismos de defensa de la sociedad dominicana. Ciertamente vivimos en un entorno descompuesto, en el cual la ausencia de escrúpulos es la mejor garantía para alcanzar el éxito, pero a pesar de eso subyace un sentimiento nacionalista que está por encima de simpatías partidarias y mezquinos intereses coyunturales. Se trata de un sentimiento dormido, pero latente, cual rescoldo que reposa debajo del fuego. Al margen de haberse hipotecado nuestra soberanía económica y dirigentes que practican la más abyecta sumisión ante el poder extranjero para preservar privilegios personales y de grupo, existe un instinto de conservación que jamás aceptará los designios de un poder foráneo que desea imponernos una pesada carga que no nos corresponde soportar.
Por JOTTIN CURY HIJO
