Por Jottin Cury Hijo
El bochornoso tratamiento dispensado a nacionales haitianos en Texas, en el que se utilizaron látigos como si estuviesen tratando con animales, no solamente revela el racismo que todavía persiste en algunos Estados de la Unión Americana, sino también la hipocresía de los demócratas que han anunciado la deportación masiva de estos desdichados seres humanos.
Resulta inconcebible que precisamente una administración que prometió fronteras abiertas para los inmigrantes se destape, de buenas a primeras, con medidas contrarias a las anunciadas.
Así de hipócrita es la política exterior de los Estados Unidos, cuyas inconsistencias han contribuido sensiblemente en su pérdida de hegemonía en el tablero mundial. Cuando Jefferson afirmó a principios del siglo XIX que era preciso confinar la peste haitiana en la isla de Santo Domingo, marcó la ruta de la política exterior con relación al vecino país.
Resulta sencillo comprender el accionar de los norteamericanos que, a pesar de contar con territorio y recursos suficientes para ayudar a los haitianos, se han negado consistentemente a ello, prefiriendo desviar esa responsabilidad hacia nuestro país. La misma actitud ha sido asumida por Canadá, Francia y la comunidad internacional en sentido general.
EL INICIO
Más todavía, cuando los estadounidenses nos invadieron en 1916 promovieron el traslado de braceros haitianos y sus familias hacia nuestro territorio en condiciones de semi-esclavitud, a pesar de que aquí se contaban con suficientes braceros dominicanos y extranjeros procedentes de las Antillas Menores.
Ese es el inicio de una migración inducida que jamás se ha detenido, lo cual ha motivado un abusivo injerencismo cada vez que algún gobernante criollo ha intentado tímidamente ponerle freno a esa migración ilegal.
Tanto es así, que en 1936 el Gobierno de los Estados Unidos obligó a Trujillo aceptar las cinco dificultades planteadas por el Gobierno haitiano como condición para definir la línea de demarcación fronteriza entre ambos Estados iniciada en 1929. Bajo el alegato del uti possidetis fueron cedidas vastas extensiones del territorio nacional, modificándose así los límites del Tratado de Aranjuez.
Cuando el dictador que nos gobernó con puño de hierro durante poco más de tres décadas se percató que, a pesar de esa ominosa cesión a la que fue inducido por la política exterior norteamericana, los nacionales haitianos continuaban vulnerando la frontera, se dió origen en la zona norte de la frontera con Haití a los acontecimientos de 1937.
Esos eventos fueron la causa del Acuerdo de Washington de 1938, cuyo objetivo era evitar que se volvieran a repetir en el futuro, tal como indica el artículo 10 del referido acuerdo. Asimismo, se suscribieron otros instrumentos que todavía constituyen la principal frontera jurídica para defendernos de esa constante penetración que ha modificado la composición étnica del pueblo dominicano.
Se podría afirmar, sin ninguna duda, que un alto porcentaje de la población dominicana es de origen haitiano como consecuencia de la migración inducida a partir de 1916. En la Constitución dominicana de 1924, la cual fue impuesta por las autoridades norteamericanas de aquel entonces, se consignó que esos migrantes ilegales y sus descendientes tenían derecho a la nacionalidad dominicana mediante el jus solis. Esta modalidad fue modificada posteriormente en junio de 1929.
Los principales responsables del proceso de haitianización de la República Dominicana han sido las autoridades electas que se han plegado a la política de los Estados Unidos a partir de la caída de Bosch en 1963. Su indiferencia, sumisión o entreguismo ha facilitado el proceso de fusión de facto que se ha ido consumando poco a poco en perjuicio del pueblo dominicano. Se trata de actos de traición que tarde o temprano generarán serias consecuencias.
Desde la perspectiva del interés norteamericano, el problema haitiano puede sintetizarse en una sola frase: los Estados Unidos si pueden deportar haitianos, pero desde República Dominicana está prohibido. En otras palabras, esos extranjeros no pueden permanecer en territorio estadounidense, pero si en el de la República Dominicana. Allá sí, pero aquí no.
En días pasados, el editorial del Listín Diario se refirió a la enorme tensión que padece el pueblo dominicano, debido a las repercusiones de la crisis haitiana. La economía, la seguridad y todos los aspectos de la vida nacional se ven impactados como consecuencia del caos prevaleciente en el vecino país. El referido editorial señaló: “La República Dominicana, sobrecargada por la intrusión permanente de ilegales haitianos que se aposentan, trabajan y también reproducen sus formas de vida, sus excesos depredadores en la foresta y sus comportamientos violentos en los sitios donde se hacinan, no es la solución a esa tragedia”.
NO PODEMOS
Ciertamente no podemos ni tenemos que cargar con la pesada carga de un conglomerado humano inviable, así como tampoco tolerar intromisiones foráneas para aniquilar nuestra soberanía.
El respeto a la soberanía de los pueblos fue precisamente uno de los aspectos centrales del discurso pronunciado por el presidente de México, José Manuel López Obrador, en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La no intervención y el respeto al derecho interno fueron temas abordados con propiedad por el referido mandatario a fin de permitir el desarrollo de los pueblos, toda vez que el tutelaje y el injerencismo generan distorsiones, desigualdades y pobreza.
Por otra parte, el presidente dominicano, Luis Abinader, expresó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que la comunidad internacional no debe, ni puede abandonar a su suerte al pueblo haitiano. El mandatario solicitó la cooperación internacional con el propósito de ayudar a que sea restablecido el orden en ese desafortunado país.
Su discurso estuvo a la altura de lo que se esperaba con relación a este espinoso tema, aunque de poco o nada sirven esos pronunciamientos si no se adoptan medidas enérgicas, concretas e inmediatas para que el concierto de naciones convocado en ese importante conclave internacional adquiera conciencia que no vamos a permitir la solución del problema haitiano en nuestro territorio.
La hora histórica exige acciones firmes, decididas y contundentes para armonizar las palabras con los hechos. Ojalá que esta administración se distancie de las anteriores en este aspecto fundamental para la común supervivencia de todos los dominicanos.
