PUERTO PRINCIPE.- Las actividades económicas y educativas quedaron prácticamente paralizadas el jueves en Puerto Príncipe y en localidades provinciales de Haití, como forma de protestar para exigir la liberación de siete religiosos recientemente secuestrados y mostrar solidaridad con la Iglesia católica.
Todo el sector empresarial privado de Haití y el sector escolar se unieron a esta convocatoria, más allá de la decisión de la Iglesia de realizar un paro laboral este jueves, para exigir la liberación de los secuestrados el 11 de abril.
En Puerto Príncipe y en la mayoría de las ciudades provinciales, todas las actividades económicas y escolares estaban paralizadas y el transporte público era lento. También se vio alterado el funcionamiento del servicio público.
Se celebraron misas y las campanas sonaron en todo el país en las iglesias católicas exactamente al mediodía, en señal de protesta y para exigir la liberación de los siete religiosos.
«La Conferencia Episcopal exige la liberación de todos los secuestrados sin condiciones, sanos y salvos. Denunciamos la dictadura del secuestro en nuestro país», dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, monseñor Launey Saturné, que celebraba una de las misas.
«Pedimos a los secuestradores que dejen de hacer llorar al pueblo haitiano. No podemos negociar la liberación de las personas como negociaríamos el pan. No podemos reducir la vida de un ser humano al precio de una mercancía», dijo el prelado.
«Soñamos con un Haití sin inseguridad, sin secuestros, sin violencia», dijo monseñor Saturné.
La mayor parte de las misas se convirtieron rápidamente en protestas contra el gobierno actual, que, según los manifestantes, no está haciendo nada para combatir los secuestros y la inseguridad en el país.
Mientras los obispos celebraban una misa en la iglesia de San Pedro de Pétion-Ville, no muy lejos de Puerto Príncipe, individuos no identificados lanzaron un bote de gas lacrimógeno contra la iglesia.
La Iglesia protestante también apoyó el paro laboral de la Iglesia católica.
Tras el nombramiento de un nuevo primer ministro el miércoles, el Palacio Nacional dijo en un comunicado que «ya se tomaron medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, para iniciar procesos judiciales contra los autores de los abusos denunciados, para proceder al desarme incondicional de las bandas».
