Santo Domingo.- La Fiscalía General dominicana solicitó hoy penas de prisión, el decomiso de bienes y el pago de multas a los seis acusados de presuntamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país para adjudicarse obras de infraestructura públicas.
La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (Pepca) concluyó este martes sus alegatos contra el expresidente del Senado Andrés Bautista, los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien se acusa de ser el supuesto distribuidor de los sobornos.
Los fiscales solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la imposición de 10 años de prisión a Rondón y Díaz Rúa, cinco años de reclusión a Galán, Rodríguez y Bautista, y siete años de cárcel para Pittaluga, además del pago de 200 salarios mínimos como multa.
El grupo está acusado de sobornos, prevaricación, falsedad de escritura, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores.
El tribunal pospuso el juicio y ordenó que el jueves venidero se reanude con la presentación de la defensa técnica del imputado Rondón.
Cada acusado tendrá la misma oportunidad y luego se producirán las réplicas del Ministerio Público y de las barras de la defensa, con lo cual el juicio habrá concluido a la espera de la sentencia que emita la corte.
Rondón es señalado por los fiscales como el armador de un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron, supuestamente, para lavar dinero ilícito.
La fiscal Mirna Ortiz afirmó hoy que el exejecutivo de Odebrecht en el país tenía la facilidad para «llegar hasta los despachos de funcionarios y legisladores» y con ellos estructurar la manera en que obrarían en favor de la constructora brasileña.
Odebrecht admitió en 2016 que pagó 92 millones de dólares -entre 2001 y 2014- en sobornos a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas o acueductos, cuyos presupuestos sumados rondan los 3.865 millones de dólares.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría General dominicana en 2017 por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.
